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¿Qué está pasando en Panamá? Las masivas protestas antimineras que tienen paralizado al país

¿Qué está pasando en Panamá? Las masivas protestas antimineras que tienen paralizado al país

Después de más de un mes de protestas en Panamá, la salida a la crisis del país aún no está definida. La atención está puesta en la Corte Suprema de Justicia, que el 24 de noviembre entró en sesión permanente hasta emitir un fallo sobre las demandas de inconstitucionalidad en contra de un contrato entre el Estado y la minera canadiense First Quantum Minerals. La desconfianza ha crecido entre la población por la celeridad con que se aprobó ese nuevo contrato, pese a una declaración de inconstitucionalidad de 2017, a las críticas sobre supuestas condiciones desventajosas para el país y a los efectos medioambientales. Mientras, los empresarios urgen una solución ante el impacto económico de las manifestaciones y bloqueos.

La polémica ahora se centra en un contrato para la explotación de la mina de cobre más grande a cielo abierto de Centroamérica, que, por un lado, se encuentra en medio de un área rica en biodiversidad y, por otro, según la propia empresa, representa una inversión de 10.000 millones de dólares y cerca del 5 % del producto interno bruto (PIB) del país centroamericano.

Desde que entró en vigor el contrato minero, el pasado 20 de octubre, las manifestaciones en Panamá se intensificaron. Concentraciones, marchas y cierres de vías se apoderaron de las principales calles del territorio. Las movilizaciones se han comparado con las realizadas en el país en la década de los ochenta, durante la dictadura de Manuel Antonio Noriega.

Las denuncias medioambientales

El estallido social comenzó luego de que se aprobara, de forma expedita, una ley que le otorga a Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, un permiso para explotar cobre por 20 años, prorrogables por otros 20 y con la posibilidad de extender el contrato hasta que termine la vida útil de la mina. El presidente Laurentino Cortizo ratificó la norma con celeridad y el contrato se confirmó, a pesar de las numerosas críticas contra el proyecto. 

Ambientalistas han denunciado cómo la explotación, desde hace décadas, provoca la destrucción de bosques en una zona de alta biodiversidad regional: el Corredor Biológico Mesoamericano, que conecta a siete países de Centroamérica con el sur de México.

Vista de la mina Cobre Panamá, de Canadian First Quantum Minerals, en Donoso, Panamá, 6 de diciembre de 2022.
Vista de la mina Cobre Panamá, de Canadian First Quantum Minerals, en Donoso, Panamá, 6 de diciembre de 2022. © Reuters -Aris Martínez/File Photo

Las zonas del proyecto, denominado “Cobre Panamá », están centradas en la provincia de Colón, en los distritos de Donoso y Omar Torrijos Herrera. Al norte de la mina, se ubica el área protegida del distrito de Donoso, decretada desde 2009. En ese lugar habitan 650 especies de flora y fauna, “la mayoría amenazadas, raras, endémicas regionales, binacionales y nacionales, de distribución restringida, y con poblaciones vulnerables y en peligro de extinción”, según la resolución.

Organizaciones como Panamà Wildlife Conservation han denunciando el impacto.  « Cobre Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals, ha estado operando en un limbo legal, sin pagar impuestos al Estado panameño en la provincia de Colón. La empresa explota el depósito de cobre y oro ubicado en Donoso, una región que alberga una gran biodiversidad y es parte del Corredor Biológico Mesoamericano », indica la ONG.

Un contrato avalado con celeridad

Pero, las consignas en las calles no solo han sido en rechazo al contrato minero y a favor de la protección del medio ambiente, sino también han apuntado contra miembros del Poder Ejecutivo y del Legislativo.

 


La rapidez con la que el contrato se aprobó en la Asamblea Nacional y luego su sanción y publicación en Gaceta Oficial, inmediata, a través del presidente Laurentino Cortizo, incrementó la desconfianza en el Gobierno por una parte importante de la población.

“Cada vez crece más la desconfianza en las instituciones de gobierno y en particular este Gobierno ha tenido un proceso de erosión muy severo », dijo Osvaldo Jordán, investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) refiriéndose a estudios de opinión pública en Panamá.

« También tenemos el problema de la corrupción, que es algo que se está dando en Panamá. Entonces hay una desconfianza de que el Gobierno puede estar sacando provecho en lo personal o en lo partidario y no para el beneficio de las mayorías”, agregó.

Para la ambientalista Raisa Banfield, el tema del contrato minero desbordó un “cerco mediático” que existía en el país sobre los problemas que experimentan las comunidades cercanas a la mina. La experta sostiene que la facultad de expropiación de tierras contemplada en el contrato alertó a todo el país sobre el alcance que tendría esta concesión.

“El detonante final fue la forma como se aprobó este contrato, contra la voluntad del pueblo, sin participación. Eso trajo toda esa insatisfacción, que ya existía, una insatisfacción que se ha expresado en las calles”, comenta Banfield.

 

Entre la derogación y un fallo de inconstitucionalidad

Pero en medio de las protestas, los panameños son conscientes del impacto que significaría para el país terminar un contrato con una empresa extranjera. Durante más de un mes ha surgido el debate entre quienes exigen una nueva ley que derogue el contrato y quienes esperan un pronunciamiento sobre las demandas de inconstitucionalidad que se han presentado en la Corte Suprema de Justicia.

Quienes piden una derogación del contrato temen que se repita lo que sucedió con la versión anterior de este documento. Fue demandado por inconstitucional en 2009 por la ONG Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), pero el fallo de la corte se produjo en 2017 y no fue hasta 2021 que se publicó en la Gaceta Oficial.

 

Vista frente a la Corte Suprema de Panmá, que debe pronunciarse sobre varias impugnaciones constitucionales al contrato de First Quantum Minerals, en la Ciudad de Panamá, el 25 de noviembre de 2023.
Vista frente a la Corte Suprema de Panmá, que debe pronunciarse sobre varias impugnaciones constitucionales al contrato de First Quantum Minerals, en la Ciudad de Panamá, el 25 de noviembre de 2023.auto_awesome
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Activistas antiminería se reúnen frente al tribunal superior de Panamá, donde comenzaron las deliberaciones sobre varias impugnaciones constitucionales al contrato FM.TO de First Quantum Minerals para la mina Cobre Panamá, en la ciudad de Panamá, Panamá, el 25 de noviembre de 2023.
© Reuters- Aris Martínez

El Gobierno y la empresa minera están en desacato, han hecho un contrato ley nuevamente cometiendo los mismos errores. Es un mito que hay que esperar la declaratoria de inconstitucionalidad, se puede derogar y el Estado tendrá argumentos favorables ante una eventual demanda internacional”, aseguró el abogado Boris Sánchez, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Panamá.

Pero quienes han sido pacientes sobre el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia aclaran que esta vía puede poner en ventaja a Panamá en el eventual escenario de una demanda internacional.

El abogado Silvio Guerra considera más conveniente para Panamá si la ley se cae a través de un fallo de inconstitucionalidad, pero también cree que es viable la figura de la derogación: “qué daños y perjuicios puede decir la minera que ha tenido en estos días, sin embargo, desde 2017, cuando la corte declaró que era inconstitucional el contrato con la minera, en 6 años, sacaron oro, sacaron plata, sacaron molibdeno, quién le ha hecho daño a quién”.

Mientras las protestas en la calle continúan, el gremio empresarial ha criticado que las manifestaciones incluyan el cierre de las vías, bloqueos que han impactado en la movilidad y, por ende, en sectores como el transporte de carga, la agricultura, la ganadería, el combustible, el turismo. El Consejo Nacional de la Empresa Privada ha pedido al Gobierno garantizar la libre circulación al advertir que desde que iniciaron las protestas se han perdido al menos 1.700 millones de dólares.


Descontento social en un año previo a elecciones

Pero el rechazo al contrato minero que se ha manifestado en las calles es apenas una parte del descontento social que vive un país que está en cuenta regresiva para renovar su representación en el poder. En 2024, Panamá celebrará elecciones generales.

“No es necesariamente el contrato minero, no son necesariamente los eventos de julio de 2022 por el costo de la vida en ese momento y la inflación o la gasolina, es una sumatoria, año tras año, de promesas fallidas que lleva inevitablemente a la desesperación, al hartazgo”, dice el economista Carlos Arauz.

Para el sociólogo e investigador Danilo Toro, existe una serie de eventos que han alimentado el estallido social. La época pospandemia dejó una insatisfacción en la población que no pudo cambiar ni con programas de ayuda social ni con un despliegue propagandístico. La crisis de 2022, que también llevó a las calles a la población, se cerró con un diálogo que no cumplió las expectativas, aunado a la falta de convocatoria del Gobierno y los síntomas de agotamiento económico de fuentes como la Zona libre de Colón, el Canal de Panamá y una industria minera que nace con distorsiones y fallas.

 “No solamente una carestía, no solamente una deficiencia de la economía en no verse impulsada, sino que a eso le agregas la percepción, la convicción de que quienes alcanzan el poder político lo hacen dispuestos a mantener un sistema corrupto y la corrupción se hizo insoportable”, agrega Toro.

La realidad es que en las calles de Panamá no han cesado las protestas y, con el contrato minero como punto de partida, a continuación, se mencionan algunos de los eventos fundamentales para entender las últimas semanas de conflicto social:

Un fallo que no se aplicó

En 1997, Panamá aprueba la Ley número 9, el contrato entre el Estado panameño y la sociedad Minera Petaquilla S.A. en un área de 13.600 hectáreas en el Distrito de Donoso, en la provincia de Colón. El documento otorgaba la concesión sobre los derechos de “los yacimientos de oro, cobre y otros minerales”. En 2014 se completa la adquisición de Minera Petaquilla por parte de Minera Panamá, subsidiaria en el país centroamericano de la empresa canadiense First Quantum Minerals.

Tras una demanda de inconstitucionalidad presentada en 2009 por parte del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), la Corte Suprema de Justicia emite un fallo de inconstitucionalidad en el año 2017.

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el primer contrato con la minera, que se concretó en 1997 con la Ley 9, porque halló que la empresa se quedó con la concesión sin una licitación. Además, el tribunal consideró que las condiciones contractuales eran desfavorables para el Estado panameño.

Aun con la sentencia en contra, Minera Panamá explotó el proyecto y exportó cobre a países como Japón y Corea del Sur, según el sitio medioambiental Mongabay

La decisión finalmente se publicó en Gaceta Oficial en el año 2021. Desde ese entonces, el Gobierno panameño abrió una mesa de negociación con la empresa. Durante la primera etapa del proceso hubo desacuerdos entre ambas partes.

Finalmente, se acordó la celebración de un nuevo contrato. Tanto Cobre Panamá como el Gobierno de Laurentino Cortizo coincidieron en que el nuevo acuerdo era el más beneficioso para los panameños en términos económicos. Desde ambos lados inicio una campaña para explicar el impacto económico y los beneficios del contrato.

 


 

 

Un nuevo contrato polémico

En el mes de agosto, comenzó en la Asamblea Nacional (Parlamento) la discusión del nuevo contrato de ley entre el Estado panameño y Minera Panamá (Cobre Panamá), filial de la canadiense First Quantum Minerals.

Las consignas de “no al contrato minero” y “no a la minería” comenzaron a tomar fuerza en las calles. El Poder Legislativo abrió el espacio para el debate. La nueva ley aún contenía elementos de inconstitucionalidad, de acuerdo con la denuncia de organizaciones ambientales del país.

El nuevo contrato lesionaba la soberanía y no garantizaba un ambiente sano y libre de contaminación, según sus detractores, quienes comenzaron a sumar voluntades en todo el país, en medio de una campaña sobre los impactos de la minería metálica.


Un mes después de iniciar la discusión y del descontento social creciente, el Ejecutivo anunció que se realizarían los ajustes y se tomaría en cuenta la opinión de quienes participaron en el debate ampliado de la Asamblea Nacional.


 

El 16 de octubre, el contrato regresa a la Asamblea Nacional, el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, asegura que se han tomado en consideración las opiniones de quienes participaron en los debates. A partir de ese instante, se inicia un proceso expedito de aprobación. En tres días la ley contrato supero los tres debates del Legislativo, la sanción del presidente de la República y la publicación en la Gaceta Oficial.

 

Las protestas durante las fiestas patrias

Tras la aprobación del contrato, el 20 de octubre, las protestas en el país comenzaron a tomar fuerza el domingo 22 de octubre. Las movilizaciones en la capital panameña comenzaron a crecer y en el interior del país la realidad fue similar. En la vía Interamericana, la principal carretera, se comenzaron a registrar bloqueos intermitentes y permanentes.

Las protestas superan ya los 30 días, incluyendo gran parte de noviembre, el mes en el que Panamá conmemora su separación de Colombia (3 de noviembre de 1903) y su independencia de España (28 de noviembre de 1821).

 

Manifestantes protestan contra el contrato de la minera canadiense First Quantum Minerals en Ciudad de Panamá, el 24 de octubre de 2023.
Manifestantes protestan contra el contrato de la minera canadiense First Quantum Minerals en Ciudad de Panamá, el 24 de octubre de 2023. © Luis Acosta – AFP

Durante este periodo, el Ejecutivo ha tratado de apaciguar las manifestaciones con un llamado a una consulta pública, que no se pudo concretar y que el Tribunal Electoral cuestionó, entre otras cosas, porque todo su trabajo está enfocado en las elecciones de 2024. El presidente Cortizo también introdujo ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley, que fue aprobado y que prohíbe nuevas concesiones de minería metálica en el país. Estas medidas no han sido suficientes para disminuir el descontento.

Las protestas han tenido un impacto también en la minera, que, a través de comunicados, ha expresado las dificultades para obtener el suministro necesario para sus operaciones.

Mientras, las manifestaciones y los cierres de vías siguen afectando la economía del país, en especial a los pequeños productores del campo, que han tenido que perder gran parte de su producción. A ello se suma la huelga de maestros que acompañan las protestas y que tiene a miles de estudiantes del sector público sin clases, luego del paro de la presencialidad que generó la pandemia.